Carlos Erasmo Rodríguez Ramos | Notas sueltas

(@CarlosErasmoRR)

NOTA: Este artículo corresponde al resumen del segundo capítulo de mi investigación y está dedicado al análisis del caso mexicano. Temo que debido a la extensión del análisis en la investigación, este artículo no le haga justicia. Intenté resumir y sintetizar lo más posible el argumento para hacerlo entendible y presentable en este formato. Por lo anterior, en caso de que algún tema en específico llame su atención y quieran ver la explicación completa, sugiero que se remitan a la breve bibliografía recomendada o, si se trata de algún argumento de la investigación, al capítulo respectivo de la tesis disponible en el repositorio de El Colegio de México.

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Introducción

Tras la independencia de México, el país proclamó un régimen confesional en el que la religión oficial del nuevo Estado, la católica, debía ser promovida y protegida por las autoridades civiles. Actualmente, la estricta separación de la Iglesia y el Estado se encuentra proclamada a nivel constitucional, ¿qué es lo que explica esta enorme diferencia entre la fundación del país y la actualidad?

            La respuesta más obvia a esta pregunta es que, después de dos cruentas guerras civiles en las que las fuerzas “laicas” se impusieron, la religión simplemente ya no pudo oponer resistencia a los designios del Estado. Me parece que esta respuesta es tan general que no dice demasiado. Tras conocer un poco sobre el caso turco, lo que sucede en nuestro país es, desde cierto punto de vista, extraño. México es un país de amplia mayoría católica. En ese sentido, especulando un poco, ¿no hubiera sido más conveniente para todos establecer una relación de colaboración entre el Estado y la Iglesia? De este modo, la Iglesia se hubiera beneficiado del patrocinio estatal y el Estado hubiera podido hacer uso de la religión para legitimarse o movilizar a la religión, evitando los altos costos de los conflictos bélicos, ¿qué sucedió entonces? ¿por cerrazón y necedad ambos bandos se negaron a colaborar por el bien común o algo más impidió la cooperación? Estas preguntas son las que orientaron, quizás indirectamente, el análisis del periodo.

            Para facilitar la explicación, decidí dividir la sección en tres periodos históricos que abarcan los 120 años analizados (1820-1940). En cada sección, haré enfásis en las interacciones entre Iglesia y Estado en los tres ámbitos de análisis seleccionados (educativo, jurídico y financiero). Al final, a modo de conclusión, se menciona brevemente lo sucedido en los años posteriores a 1940 para argumentar que, pese a la reforma salinista y a la victoria del Partido Acción Nacional (“PAN”), el arreglo entre Estado y Iglesia se mantiene, en general, en los mismos términos.

Inicio y final del régimen confesional (1820-1867)

Durante las primeras décadas de vida independiente, existía un consenso más o menos general en torno a la idea de que la sobrevivencia y el progreso de la nueva república dependían en buena medida de la colaboración entre las autoridades civiles y la Iglesia Católica.

            El problema con esta colaboración fue que nunca hubo reglas claras ni intereses institucionales comunes que pudieran generar una cooperación estable. En primer lugar, el nuevo Estado mexicano se empeñaba en reclamar para sí el Regio Patronato, una serie de facultades que el Papado había otorgado a la corona española para intervenir en el gobierno interno de la Iglesia dentro de sus dominios. Dentro de estas facultades se encontraban, entre otras, el poder de decisión sobre la formación o modificación de diócesis y la vigilancia de la vida monástica de los obispos. La Iglesia se negaba a reconocer que México poseía el Regio Patronato pues, argumentaba, no podría “heredarse” de la Nueva España, sino que debía ser otorgado nuevamente por el Papado a través de la firma de un concordato. Debido a la alianza diplomática entre la corona española y el Papado, no se establecieron relaciones con México y la firma de dicho concordato fue imposible. En segundo lugar, la Iglesia estaba interesada en el mantenimiento de su autonomía y en la restauración de la disciplina eclesiastica, perdida durante los años de la guerra de independencia. Los detalles de estos intentos de colaboración, así como sus dificultades, pueden entenderse mejor desde los ámbitos de análisis.

            En el ámbito educativo, la Iglesia estaba a cargo de la gran mayoría de las escuelas en todos los niveles. Los profesores eran miembros del clero y en los programas de estudio se enseñaba el catecismo y, en niveles superiores, la teología. Estas escuelas no sólo estaban destinadas a la formación de miembros del clero sino que también recibían “externos”, es decir, laicos que sólo buscaban cierta formación académica. Irónicamente, muchas de las figuras de la Reforma se formarían en estas escuelas religiosas.

            En este contexto, el Estado buscó la colaboración de la Iglesia a través de diversas medidas, sin importar el corte del gobierno en turno. Un ejemplo de ello es que durante una de las presidencias de Santa Anna, Valentín Gómez Farías intentó revivir un decreto colonial que obligaba a la Iglesia a crear una escuela por parroquia. Sin embargo, la resistencia de la Iglesia y la falta de recursos dificultaron estos designios, de modo que el Estado poco a poco fue creando su propio sistema educativo.

            Sobre la educación en este periodo, los mejores textos que encontré al respecto fueron el libro de Anne Staples, Recuento de una batalla inconclusa: la educación mexicana de Iturbide a Juárez, y Enseñar la nación: la educación y la institucionalización de la idea de la nación en el México de la Reforma (1855-1876) de Beatriz Zepeda.

            En el ámbito jurídico, la existencia de un régimen confesional imponía al Estado la obligación de proteger y fomentar la religión católica. Esta obligación se manifestaba a través de diversas figuras como la censura de textos contrarios a la fe católica o el uso de la coacción civil para forzar el cumplimiento de obligaciones del derecho canónico como el pago del diezmo o el mantenimiento de los votos eclesiásticos. Además, existía un fuero eclesiástico para el clero. Finalmente, también existían los recursos de fuerza y protección a través de los cuales podían apelarse las decisiones de tribunales eclesiásticos en los tribunales civiles.

En ese caso, la existencia de dos jurisdicciones planteba problemas serios para el sistema jurídico. Para empezar, el fuero eclesiástico y los recursos de fuerza y protección dificultaban la aplicación del derecho por los problemas que generaba esta doble jurisdicción. Un ejemplo de ello es que en los recursos de apelación era difícil señalar el tribunal adecuado para conocer los casos pues las jurisdicciones judiciales no necesariamente coincidían con la división de las diócesis. Además, en varios casos había confusión sobre el derecho aplicable cuando el imputado era miembro del claro. Finalmente, la figura de la censura chocaba abiertamente con la libre manifestación de ideas que los gobiernos republicanos buscaban impulsar.

Para este tema, recomiendo la lectura de un libro muy interesante, Entre Dios y la república: la separación Iglesia-Estado en México, siglo XIX de Pablo Mijangos y González.

            Finalmente, en el ámbito financiero, mientras el Estado luchaba por hacerse con recursos a través de la adquisición de deuda y de los restos del aparato fiscal colonial, la Iglesia se financiaba con el diezmo, respaldado por la coacción estatal y las rentas que generaban sus numerosas propiedades, entre otros. Para este tema, hay dos libros excelentes: The Politics of the Penury: Debts and Taxes in Mexico, 1821-1856 de Barbara Tenenbaum y El ocaso de un impuesto: el diezmo en el arzobispado de México, 1810-1833 de Carlos Alberto Ortega González.

            La colaboración entre el Estado y la Iglesia quizás hubiera seguido a pesar de estos roces, pero un suceso cambió profundamente la vida nacional: la derrota en la guerra contra Estados Unidos. Tras la rendición, inició la búsqueda de los culpables. Los llamados liberales, promotores de un proyecto de desarrollo apegado al modelo estadounidense, acusaban a la Iglesia de ser la principal causa del atraso del país. Por su parte, los llamados conservadores acusaban a sus adversarios de promover un modelo contrario a la historia e identidad nacionales. Las posturas se fueron radicalizando hasta que la Constitución de 1857, la primera en no establecer el régimen confesional, hizo estallar estas tensiones.

            Tras la guerra de Reforma y la segunda intervención francesa, la colaboración había cesado. La educación pasó a estar a manos del Estado y su personal, aunque no se proscribió la educación religiosa impartida por particulares. Es entonces que surge la división entre educación pública y “privada”. Además, las leyes de Reforma no sólo prohibieron el uso de la coacción estatal en asuntos eclesiásticos, sino que unificaron el sistema jurídico y establecieron disposiciones anticlericales que serían usadas como herramientas por los próximos gobiernos. Finalmente, la ausencia de coacción estatal para el diezmo y el proceso de desamortización de tierras afectaron económicamente a la Iglesia y favorecieron, relativamente, al Estado.

            Así terminó este breve intento de colaboración entre la Iglesia y el Estado mexicano. En adelante, ambos actores intentarían, cada uno por su parte, desarrollarse y, por qué no, incidir en la vida interna del otro.

Periodo de conciliación (1867-1910)

En este periodo se aplicó una política de conciliación con la Iglesia católica y los grupos que los apoyaron durante la guerra de Reforma y la segunda intervención francesa. Aunque muchos atribuyen a Díaz la creación de esta política, lo cierto es que fue el mismo Juárez quien la inició en los años de su última administración.

            La política era simple. La Iglesia podía llevar a cabo sus actividades de forma normal, aún en contravención de las Leyes de Reforma, siempre y cuando no entrara en conflicto con los intereses del Estado. Díaz siempre mantuvo una comunicación constante y abierta con miembros de la jerarquía católica. Lo anterior, no quiere decir que la Iglesia aceptara pasivamente los deseos del dictador, sino que, en ese sentido, se podría decir que hubo una aplicación selectiva de las Leyes de Reforma en aquellos casos donde el Estado necesitara reafirmarse.

            Las relaciones entre la Iglesia y el gobierno mejoraron tanto que los contactos de Díaz le hicieron saber que el Papa estaba interesado en establecer relaciones diplomáticas con México a través de la firma de un concordato. La actitud de Díaz al respecto es reveladora de su política frente a la Iglesia. Díaz siempre rechazó el establecimiento de relaciones diplomáticas y la firma del concordato porque, quizás, era más conveniente para el gobierno mantener esa situación de incertidumbre pues le permitía el uso arbitrario de las Leyes de Reforma que formalizar acuerdos con una fuerza exterior que pudieran limitar el rango de acción del gobierno en materia religiosa.

            Para una descripción detallada de estas relaciones durante el Porfiriato, recomiendo Porfirio Diaz and the Church Hierarchy, 1876-1911 de Robert D. Conger.

            El sistema jurídico heredado de la Reforma contribuyó a la expansión del Estado en el ámbito educativo y financiero. Asimismo, la nueva estabilidad del país y el uso de tecnologías como el telégrafo y el ferrocarril ayudaron al Estado a aumentar su rango de acción. En ese sentido, es hasta cierto sentido irónico que esas mismas tecnologías hayan desempeñado un papel central en la caída del régimen.

            El extraño idilio entre la Iglesia y Díaz terminó a raíz de la influencia de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. Publicada en 1891, la encíclica aborda la llama “cuestión social”, es decir, la situación de los obreros en el mundo y el deber de los católicos al respecto. En ese sentido, los católicos no debían permanecer pasivos sino combatir la injusticia. Debido a la encíclica, los católicos mexicanos empezaron a criticar duramente los excesos del régimen  y se organizaron en torno a un partido católico que, tras la caída del régimen, obtendría algunas victorias electorales en la breve democracia maderista.

            Lo que quedaba de la política de conciliación terminó con la caída de Díaz y con el inicio de la revolución mexicana.

La segunda confrontación y el arreglo

Durante la revolución mexicana, el conflicto entre la Iglesia y el Estado se reavivó. En este punto, es necesario remarcar que los revolucionarios no eran un grupo ideológica ni socialmente homogéneo, por lo que las posturas hacia la Iglesia variaban. Lo mismo ocurría con los miembros de la jerarquía católica, aunque la postura mayoritaria era el rechazo general a la violencia.

            En ese sentido, la cuestión religiosa se trataba desde un punto de vista moderado y otro más radical. El punto de vista moderado consideraba que era necesario reformar internamente a la Iglesia católica para beneficio del pueblo de México, una postura un tanto similar a la que existía en la mayoría de las figuras de la Reforma. Por otro lado, los más radicales buscaban sino la eliminación total de la influencia de la Iglesia en la sociedad mexicana, por lo menos su disminución al mínimo. El origen de este anticlericalismo revolucionario se suele ubicar, desde mi punto de vista de manera errónea, en el apoyo que, para ser justos, sólo ciertos miembros de la jerarquía católica dieron a la dictadura de Victoriano Huerta. En realidad, tiene múltiples orígenes que van desde lo ideológico hasta la manera en que se percibía a la Iglesia en ciertas regiones del país.

            Tras el enfrentamiento entre moderados y radicales, fueron estos últimos quienes se impusieron bajo el liderazgo de figuras como Álvaro Obregón y Francisco J. Múgica. Esta victoria radical quedó plasmada en los artículos anticlericales de la Constitución de 1917. Estos artículos moldearían el conflicto entre la Iglesia y el Estado en las décadas por venir. El fin último de la Iglesia sería la abolición de dichas disposiciones. Para este periodo, el libro de Robert E. Quirk, The Mexican Revolution and the Catholic Church: 1910-1929, es esclarecedor y explica a detalle muchos de los temas mencionados en esta breve exposición.

            El conflicto no escaló sino hasta el asesinato de Obregón. Obregón, político pragmático, obstaculizó la promulgación de la legislación secundaria que permitiría la aplicación de las disposiciones anticlericales de la Constitución. Esto cambió con la llegada de Calles al poder. Calles no sólo reformó el código penal para incluir delitos que sancionaran faltas a las disposiciones anticlericales de la Constitución sino que ordenó a los gobernadores aplicar dichas disposiciones directamente.

            En este punto, es necesario matizar de nuevo. La intensidad con la que se aplicaron dichas disposiciones en los distintos estados de la república suele variar de acuerdo a la postura del gobernador de la entidad y de sus relaciones con el clero local. Hubo casos donde las disposiciones se promulgaron, pero el gobierno no hizo nada para imponer su cumplimiento, mientras que también hubo casos donde la aplicación de las disposiciones anticlericales llegó a tal grado que incluso algunos sectores del gobierno federal mostraron preocupación al respecto. Tal es el caso de Tomás Garrido Canabal en Tabasco. Respecto al caso de Tabasco, aunque no se citan en la investigación que se resume en esta serie de artículos, recomiendo El laboratorio de la revolución. El Tabasco garridista de Carlos Martínez Assad y la novela El poder y la gloria de Graham Greene.

            Además de estas medidas, el gobierno de Calles respaldó, no creó como suele creerse, la Iglesia Católica Mexicana, un intento de cisma iniciado por unos cuantos sacerdotes rebeldes. La idea de crear una Iglesia Católica Mexicana, independiente de Roma, no es nueva y ya había sido planteada en tiempos de la Reforma y por Venustiano Carranza. Por desgracia, además de las breves menciones al respecto citadas en la investigación, no pude encontrar un libro o un artículo que tratara de manera específica el tema. Tal vez sería un gran tema a investigar o, quizás, simplemente no haya mucho que decir al respecto.

            La Iglesia y los católicos no tomaron a bien estas medidas y se opusieron, tomando, entre otras medidas, la suspensión del culto, misma que dio inicio a la guerra cristera. Al respecto, es indispensable la lectura de los tres tomos de La cristiada de Jean Meyer. Debido a la finalidad de esta serie de artículos, la explicación del suceso será demasiado breve y general. La cristiada no fue un movimiento encabezado ni impulsado por la jerarquía católica. Si bien en cierto que algunos miembros de la jerarquía apoyaban y simpatizaban con la lucha, la mayoría se adscribió a la postura del Papado, al rechazo general de la violencia. El movimiento entonces fue esencialmente popular y su integración social y motivaciones variaron regionalmente. Pese a ello, la cristiada terminó cuando el gobierno y la Iglesia se sentaron a negociar. La Iglesia temía a la violencia autónoma del poder del clero y el Estado no quería continuar un conflicto que parecía no tener fin. Se reanudó el culto y el Estado dejó operar a la Iglesia sin modificar las disposiciones constitucionales que la afectaban. Con esto, el movimiento perdió su motivación principal y cesó por un momento. Muchos de los más aguerridos cristeros vieron esta negociación de la Iglesia como una deshonrosa traición.

            Posteriormente, estos episodios se reanudaron con la llama “segunda cristiada” a partir del proyecto revolucionario de Lázaro Cárdenas. El proyecto cardenista de educación socialista, reforma agraria y sindicalismo apadrinado por el Estado chocaba directamente con las ideas católicas del derecho sagrado a la educación en la fe, el derecho sagrado de propiedad y con el ideal de un sindicalismo católico autónomo. Para este tema recomiendo, con reservas, Religion and State Formation in Postrevolutionary Mexico de Ben Fallow.

Las motivaciones de los “segunderos” también suelen variar; sin embargo, ocurrió lo mismo que durante la primera cristiada.  Ante diversos sucesos internacionales, Cárdenas decidió disminuir las tensiones con la Iglesia al grado de que la jerarquía católica respaldó ampliamente la decisión del gobierno de expropiar las empresas petroleras extranjeras.

            Esta política de conciliación continuó y se perfección en el gobierno de Ávila Camacho, quien, desde su campaña, se había proclamado creyente. Durante esta administración, se originó el llamado “modus vivendi”: a cambio del respeto a la educación religiosa, la Iglesia se abstendría de intervenir directamente en política y respetaría las restricciones constitucionales. Este respeto no significó que la Iglesia renunciara a la contienda, sino que simplemente cambió de táctica. Ya no participaría en política, pero impulsaría la formación y organización de políticos seglares católicos que impulsaran su agenda a través de organizaciones como Acción Católica.

            Con pequeños sobresaltos, este sería el arreglo entre la Iglesia Católica y el Estado que perdura hasta hoy.

Conclusión: las repercusiones

Tras el Concilio Vaticano II, el intento de la Iglesia por ajustarse a los nuevos tiempos, se concluyó que los católicos debían ser más participativos y promover activamente su fe. En México, esto trajo consigo el abandono del “modus vivendi” y un incremento de la actividad social de la Iglesia con la fundación de grupos como la Unión Nacional de Padres de Familia. En este nuevo periodo de “intransigencia” la Iglesia perseguiría, nuevamente, la abolición de las disposiciones constitucionales anticlericales. Para este periodo de nueva intransigencia, véase el libro de Blancarte, Historia de la iglesia católica en México.

            En este punto, autores como Blancarte y Fallow señalan que fue la Iglesia la que se llevó la victoria, el primero por la importante movilización católica, mientras que el segundo por la victoria del PAN en el año 2000. Lo cierto es que, en lo personal, no veo tal victoria por ningún sitio. Los católicos se movilizaron intensamente y ganaron espacios, sí, pero eso no representó jamás una amenaza a la hegemonía estatal. De acuerdo con Valentina Septién Torres, en La educación privada en México, 1903-1976, hubo un aumento en la educación privada religiosa, pero esta jamás se equipararía a la maquinaria educativa estatal. Además, la única reforma a las disposiciones anticlericales de la Constitución, la salinista, fue promovida por el propio gobierno y benefició principalmente a las religiones minoritarias. Por si fuera poco, es cierto que el PAN, de influencia católica, gobernó 12 años el país; sin embargo, su agenda católica nunca pudo imponerse (esto será revisado en la cuarta entrega de esta serie de artículos).

            Así, de los tres ámbitos de análisis, además del financiamiento que recibe de parte de los feligreses, la Iglesia sólo tiene presencia en el educativo. En el ámbito jurídico, como ya se mencionó, no ha logrado impulsar su agenda de manera exitosa. Por otro lado, aunque pueda formar élites seglares en sus escuelas religiosas, lo cierto es que estas élites siempre tendrán sus propios intereses por lo que la Iglesia jamás podrá controlarlas del todo.

            Teniendo en consideración lo anterior, propuse que el arreglo existente en México debe denominarse un “dualismo con preeminencia estatal” pues, aunque el Estado y la religión mayoritaria estén separados, es el primero el que impone sus desgnios al segundo. Es cierto que desde el modus vivendi, el Estado mexicano ha renunciado a intervenir en la vida interna de la Iglesia, pero no necesita hacerlo en absoluto para mantener su dominio. Por su parte, la Iglesia no tiene la capacidad de infiltrarse ni de tomar el Estado, ni siquiera en los momentos en los que un partido afín a sus intereses ocupe el gobierno federal.

            En ese sentido, creo que pese a que muchos se desgarren las vestiduras por políticos que violan la laicidad al hablar de religión o por sacerdotes que hablen de política en sus sermones, no hay ningún tipo de elemento que nos permita presumir que a corto o mediano plazo este arreglo sufrirá alguna modicación. La Iglesia no cuenta con los recursos ni con los espacios necesarios para hacerse con el Estado ni el Estado cuenta con la facultad de apoderarse de la Iglesia. Así, este dualismo con preeminencia estatal ha llegado para quedarse.

Breve bibliografía

Blancarte, Roberto. Historia de la iglesia católica en México. México: Fondo de Cultura Económica, 1992.

Conger, Robert D. Porfirio Diaz and the Church Hierarchy, 1876-1911. Albuquerque: University of New Mexico, 1985.

Fallaw, Ben. Religion and State Formation in Postrevolutionary Mexico. London: Duke University Press, 2013.

Meyer Barth, Jean. La cristiada. México, D.F: Fondo de Cultura Económica Editorial Clío, 2008.

Mijangos y González, Pablo. Entre Dios y la república: la separación Iglesia-Estado en México, siglo XIX. Ciudad de México, CIDE, Tirant lo Blanch: 2018.

Ortega González, Carlos Alberto. El ocaso de un impuesto: el diezmo en el arzobispado de México, 1810-1833. México D. F., Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora: 2015.

Quirk, Robert E. The Mexican Revolution and the Catholic Church: 1910-1929. Bloomington, Indiana University Press, 1973.

Staples, Anne. Recuento de una batalla inconclusa: la educación mexicana de Iturbide a Juárez. México D.F.: El Colegio de México, 2005.

Tenenbaum, Barbara A. The Politics of the Penury: Debts and Taxes in Mexico, 1821-1856. Albuquerque: University of New Mexico, 1986.

Torres Septién, Valentina. La educación privada en México, 1903-1976. México D.F., El Colegio de México, Centro de Estudios Históricos: 1997.

Zepeda, Beatriz. Enseñar la nación: la educación y la institucionalización de la idea de la nación en el México de la Reforma (1855-1876). México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 2012.