La condena de los justos

**Ensayo | *Héctor F. Sánchez de la Cruz**

“En el tiempo de las ideologías, hay que ponerse en regla con el crimen. Si el crimen tiene sus razones, nuestra época y nosotros mismos somos consecuentes. Si no las tiene, estamos en la locura y no hay más salida que encontrar una consecuencia, o volvernos de espaldas.”

El hombre rebelde Albert Camus

La doble condena: ser indígena y ser pobre

Tenía un mes de haber cumplido 19 años cuando inició la tragedia de Humberto May Jiménez, joven indígena de Tabasco: víctima de la prisión preventiva oficiosa y condenado injustamente por el delito de violación. Humberto se dedicaba los fines de semana y durante todos los periodos vacacionales a vender boletos de clase económica para viajar de Tabasco a la Ciudad de México, con esa actividad sostenía sus estudios universitarios y ayudaba a su madre. Era diciembre, víspera de la navidad de 2023, cuando inició su calvario y el de su familia.

Aquella mañana Humberto iba con Manuel, su compañero de trabajo, a comprar el desayuno, cuando se detuvieron dos camionetas negras doble cabina, sin placas, de las que descendieron cuatro hombres encapuchados, dos de cada una. Sin mediar palabras, con golpes subieron a Humberto a la parte trasera de la cabina de la primera camioneta. Desde ese momento no se supo nada de él y Manuel se quedó inmóvil, sin saber qué hacer.

A las horas, ya recuperado, Manuel buscó la manera de comunicarse con la madre de Humberto. Le contó lo sucedido y le dijo que probablemente los que se llevaron a su hijo eran personas del crimen organizado, porque apenas había oído en las noticias que esa gente estaba dedicándose a reclutar a jóvenes. En ese momento se vivía una de las inmensas olas de violencia en Tabasco; el comentario de Manuel era pertinente, nada descabellado.

Esa misma tarde, la mamá de Humberto recibió la llamada de Manuel avísandole que estaba detenido. Casi se ocultaba el sol, aún entre el llanto y la desesperación ella se armó de fuerzas para tomar la combi, el último viaje del transporte público para ir a la Ciudad de Villahermosa, con el firme propósito de acudir a la Fiscalía con la esperanza de tener noticias de su hijo. Cuando se subió al transporte no sabía si regresaría esa noche, sin importarle su salud porque padece presión alta y la diabetes.

En el transcurso de la madrugada después de hacerla esperar horas, el ministerio público y los policías de investigación le dijeron que a su hijo no había sido levantado por el crimen organizado, sino que fue aprehendido por el delito de violación que hacía unos meses se había iniciado la denuncia por una joven. Entre lágrimas por lo increíble de la noticia, el personal de la fiscalía le aconsejó que se fuera a su casa porque no había nada que hacer, que su hijo ya estaba preso y ahí se iba a quedar.

A la mañana siguiente, sin haberse ido a su casa, regresó a preguntar por su hijo para intentar verlo y a saber qué hacer para ponerlo en libertad. Al llegar se encontró con un policía ministerial que, tal vez ese día tenía a diosito en su corazón, y le habló con franqueza: el delito por el que se le acusa a su hijo es delicado y últimamente es tan común que parece odio. Le explicó que podía contratar a un abogado particular o solicitar a uno público, aunque el privado es muy caro porque los abogados se enriquecen del dolor y cobran una grosería a la gente que no tiene, y si no tenía dinero, le deseaba que le tocara un buen abogado de oficio, de esos luchones, comprometidos. Después le dijo que entendía su desesperación pero que, si le regalaba unas horas y su paciencia, haría lo posible para que viera a su hijo.

La verdad

Cuando se vieron, madre e hijo naturalmente lloraron. Humberto se encontraba solo en una celda privada, a la que llamaban el “chinchero”; ahí llegan todos los detenidos, se considera un espacio de lujo porque, entre otras razones, aún no se convive con el resto de la población penitenciaria. En ese limitado espacio platicaron, no sin antes rentar una mesa muy desgastada de plástico y dos banquillos reforzados con alambre recocido porque estaban rotos, como aquellos que tiran a la basura porque no tiene reparación.

Humberto no sabía quién había hecho la denuncia y le juró a su madre que él no había hecho tal cosa. Ella, como muchas madres que conocen a sus hijos hasta cuando mienten, le creía. Humberto siempre fue respetuoso y nunca había tenido un reporte ni los años previos a la universidad. Fue criado sólo por su madre y ella asegura que le inculcó el respeto a las mujeres. Después de media hora a solas, se acercó aquel policía ministerial, les dijo que su tiempo terminó y que al día siguiente se realizaría la primera audiencia.

El padre Humberto murió al año de haber nacido, de él solo tiene recuerdos por fotos. Con la soledad acuesta de ser jefa de familia, la madre de Humberto buscó con los conocidos si conocían a algún abogado para que le ayudara, algunas personas le dieron contactos de personas con cédula profesional, pero sin conocer la reputación; entre las conversaciones se percató que el honorario más barato era de doscientos mil pesos. Impensable poder pagar cuando viven al día.

Un familiar intentó ayudar y contrató a un abogado en quien depositaba su confianza, le cobró diez mil pesos sólo por presentarse a esa audiencia. Lo que desconocían todos es que este profesional era experto en derecho registral y que había sido candidato en las elecciones pasadas. La audiencia ya había iniciado y este abogado llegó tarde, por fortuna el abogado público estaba acompañando a Humberto, dándole consejos de que se mantuviera en silencio. Éste, al notar que llegó el abogado privado, estaba por renunciar y marcharse. Cosas de la vida, algún otro familiar reconoció al abogado y dijo que no sabía defender a la gente en la cárcel, sólo era conocido por realizar trámites de planos e impuestos prediales en el municipio. Eso hizo poner en desesperación a la madre de Humberto y le suplicó al defensor de oficio que no abandonara a su hijo.

En esa audiencia el abogado de oficio tuvo acceso a todo el contenido de la carpeta de investigación, por lo que ahí se enteró de todos los hechos que srivieron de base a la denuncia y de cómo, únicamente a partir de ellos, fue que el ministerio público solicitó la orden de aprensión en contra de Humberto. El abogado es uno de los mejores defensores públicos en la entidad, se esmeró destacadamente en la defensa.

Al concluir esa primera audiencia, el abogado le platicó a la madre Humberto todas las inconsistencias en la invetigación; entre ellas, varias contradicciones en los dichos de la aparente víctima. Ella narró que su agresor la arrastró por el suelo varios metros y después la aventó contra un cercado con alambre de púas. Sin embargo, su ropa no se encontraba sucia ni rasgada y su piel no presentaba ninguna raspadura o herida, algo que se notaría a la vista del ministerio público y al momento de la valoración médica. Además, la víctima señaló que Humberto la golpeó y derribó, luego logró escapar y pedir auxilio a las personas que estaban cerca. De nuevo, los dictámenes revelaban lo contrario, ella no presentaba ningún golpe o lesión en el cuerpo ni en la zona vaginal; incluso el dictamen psicológico refería que no se advertía ningún trauma propio de personas víctimas de agresiones sexuales.

Otro dato que prendió la preocupación del abogado fue que, en la zona indígena en donde se desarrollaron los hechos es un lugar que se caracteriza por ser extremadamente violento, donde se hace justicia por mano propia. El abogado recordaba que, en el año 2018, como en otras ocasiones, lincharon y quemaron vivas a unas personas acusadas de robo; nunca se les comprobó que hubieran cometido el acto, el solo rumor bastó para que la sociedad les diera sentencia de muerte. Estos antecedentes los iba a citar, porque si había personas cercanas como expresó la víctima y ella realizó gritos de auxilio, Humberto hubiera regresado a su casa con los pies por delante y seguramente hubiese sido noticia nacional, no sin antes ser entretenimiento de muchos en los medios de comunicación y en las redes sociales. El único problema que veía el abogado no es el hecho que todo Tabasco sabe del proceder de esa comunidad, sino que los juzgadores no toman en cuenta ese terrible actuar social para que lo valoren en sus resoluciones. Hacen como si no existiera esa práctica tan reveladora.

El abogado, antes de ser defensor público, había sido ministerio público local y federal, experiencia que le permitió asegurar que, entre la carpeta integrada y la solicitud de orden de aprensión pasaron un par de meses, actividad extraña e irregular porque en la práctica la investigación de estos delitos dura poco más de un año como mínimo por la labor extensa que involucra para confirmar los dichos de la víctima en la escena. Entonces aseguró que, algún interés influyó en la rapidez del caso. Resta agregar que en la primera audiencia, la jueza le hizo saber a Humberto quién lo acusaba y programó la segunda audiencia para la semana siguiente, donde se definiría si se mantenía o no la prisión preventiva oficiosa.

Con la información recibida, en los días siguientes la madre buscó hablar con su hijo para saber quién era esa persona que lo acusaba. Humberto hizó memoria y recordó que hacía apenas unas semanas, a inicios de diciembre de 2023, recibió en efectivo casi quince mil pesos de becas atrasadas. Ese día, guardó su dinero en la mochila, se dirigió a clases y, por la tarde, acudió a una fiesta en una casa cercana a la universidad. En ese lugar conoció a quien se ostenta como víctima y sus dos amigos hombres que la acompañaban. Entre la plática alguien dijo que Humberto iba a invitar algo más porque había cobrado la beca. Ese comentario le valió para que, al salir para irse a su casa, entre la ahora víctima y sus dos amigos, le quitaran la mochila donde venía el dinero y su cartera con sus identificaciones, además un celular que estaba pagando. Al intentar evitar el robo, se logró liar con uno de ellos, por lo que entre los tres le dieron una golpiza; logrando arrebatarle todas sus pertenecías. Como pudo regreso a casa, un trailero se apiadó de él al verlo golpeado y caminando sobre la carretera desolada en la madrugada.

El error más grande fue no haber denunciado el robo y las lesiones, le dijo su defensor público, su madre intuía lo mismo. Aunque ella conocía la historia del robo, él omitió contarle detalles de lo que le hicieron las tres personas porque le parecían vergonzosos y sentía culpa por perder el dinero que habría servido para la comida de varios días. Incluso, el defensor se comunicó con una amiga defensora de otra entidad por su destreza, confiaba en ella por ser la que más libertades ha logrado en su trabajo, con el fin de ayudar sin ningún costo a Humberto y su familia al compartir experiencia y estrategia; ella coincidía con él, no había elementos para estimar el delito de violación, en un caso extremo se debía reclasificar a delito de abuso sexual, aun así, estimaba que se trataba de una injusticia.

Llegó la esperada segunda audiencia, en la que el defensor, su amiga defensora, Humberto y su familia, estaban convencidos de que se lograría que no se le vinculara a proceso por todas inconsistencias que se planteaban desde los hechos narrados en la denuncia hasta las pruebas periciales que en nada sostenían los dichos. Contrario a la esperanza, desastrosamente, la juez validó la insostenible acusación hecha por el ministerio público y la víctima. Con ello se habría otra etapa desgastante en búsqueda de la libertad, se trataba de interponer el recurso de apelación contra la decisión que vinculaba a proceso a Humberto, de ser favorable, continuaban las esperanzas, si no, tendrían que mendigar más préstamos para solicitar un juicio de amparo ante un juez federal.

III. Salto al vacío

Al concluir la segunda audiencia, a Humberto lo mudaron del “chinchero” a las literas de piedra con la población general; con ese cambio iniciaron otros tormentos, pagar por protección para que otros presos no lo golpearan o lastimaran; hacer lo que ordenaran personas del crimen organizado que gozan de impunidad interna por las autoridades; pagar a los policías en el pase lista matutino y vespertino; pagar forzosamente el servicio de lavado de ropa; pagar cada mes por la compra de “insumos” para el centro penitenciario; pagar por el permiso de venta de productos comestibles en día de visitas; pagar por que se permita el acceso para ir a recibir atención médica y pagar una cuota cuando a los policías se les antoje tomar algún refresco. Tal como ocurre en casi todos los centros penitenciarios. Ahí, la vida no se resume a una mera manifestación o decreto para que el mundo conspire a favor del pobre. La realidad se impone y esas imposiciones no son de relevancia o interés para el derecho y, menos para la sociedad.

Presentada la apelación, el magistrado resolvió en un par de meses el recurso, confirmó la vinculación a prisión. La esperanza duró poco, y los gastos económicos persiguen una suerte de eternidad; para algunas personas son pocos pesos, para Humberto y su familia es deuda generacional. Abriga la idea de poder pagarla al salir. Mientras, su madre se hace cargo de los intereses. El magistrado que resolvió, resultó electo en las elecciones a juzgadores; continúa ejerciendo el cargo sin pena y con la gloria de su triunfo en las urnas. La decisión contraria a la inocencia de Humberto, como seguramente otras más, no contaron en su campaña electoral.

Por si fuera poco, la madre Humberto contrajo otra deuda más para reavivar la llama de la esperanza y así sostener los gastos básicos para presentar el amparo contra la resolución que emitió el magistrado. Tal como la pobreza ha acompañado a Humberto desde su infancia, también le siguió la suerte del encierro desde 2023 hasta la fecha en que estas líneas se escriben.

La suerte de ser acusado y condenado en automático continuó hasta el amparo, su sentencia ya estaba escrita, su suerte era estar en prisión. El juez federal sostuvo esa condena. Ante esa decisión, continuaba promover al recurso de revisión contra esa determinación, pero la esperanza se apagó porque fue imposible conseguir un poco más de dinero para los gastos mínimos ante el Tribunal Colegiado. Para ese momento, Humberto y su familia tenían dos opciones, la primera, era conseguir una importante suma de dinero para iniciar el duro juicio, presentando otros peritos que continuaran afirmando lo que ya habían descrito los anteriores peritos que revisaron a la víctima desde el inicio: no existía el delito y, por tanto, no existía la violación. La segunda, la más real, ante la condición de pobreza, era aceptar el procedimiento abreviado, esto significaba aceptar la culpa sin tenerla, para pasar menos tiempo en prisión y evitar más gastos, todo a costa de su libertad.

Sobre la decisión del amparo cabe precisar que, en su momento, era cuestión de suerte donde te iniciaban la denuncia por algún delito sexual, esto es así porque el país para la justicia federal o de amparo, se divide en dos regiones: norte y sur. En la primera como en la segunda se integra el pleno regional por premio o castigo por un determinado número de personas magistradas, entonces, el pleno norte interpretó por obligación que la prisión preventiva oficiosa resultaba anticonstitucional, mientras que el otro que dirige la vida del resto de los habitantes del territorio, sostuvo lo contrario. Los abogados que imparten justicia se reparten al Estado mexicano como si fuera botín de egos, al estilo de quien tenga más saliva, traga más pinole. Cada pleno consumido por la vanidad que caracteriza a la mayoría de los abogados jugaron a las vencidas para demostrar quien tiene más poder, es decir, a ver qué criterio interpretativo obligatorio era el victorioso. A Humberto le tocó nacer y soportar una denuncia en el sur, en Tabasco. En la cárcel Humberto leyó: “la justicia de la unión no ampara ni protege…”, pero entendió: te quedarás preso, tu esperanza en la justicia se esfumo.

La tercer y última audiencia, Humberto a sus 19 años la afrontó con el valor que pocos hombres pueden tener. Sin conocer el mundo, más que su pueblo de tal vez un kilómetro cuadrado decidió ejercer su ilusorio derecho, optó porque la aplicaran el procedimiento abreviado. Aceptó sin titubeos ante el juez que era el culpable. Era su único camino más cercano a la libertad. ¿Qué lo orilló a tomar esta decisión? Además del peso de la pobreza, los abogados que le ayudaban consideraban que ir a juicio era un salto al vacío, no existía ni un ápice de certeza de que la sentencia fuera absolutoria para logar su libertad; en cambio, el fiel de la balanza se inclinaba por la condena de 13 años por algo que no cometió. El procedimiento abreviado al estilo oferta y demanda, le ofrecía estar poco menos de la mitad de ese tiempo en prisión. También tenían presente que la consideración de este tipo de delitos en que se encuentra en tela de juicio la presencia de una mujer, aumenta por ese simple hecho el riesgo de condena, este ambiente se potencializa por otros elementos como la condena mediática, al que también le llaman juicio paralelo. En el caso del “Fofo”, Rodolfo Márquez, reinó la presión social, la cual reveló la existencia de una sociedad más violenta que exige penas desproporcionales en la vida ajena, sin que medie la razón en el debido proceso.

Una de las preguntas que persigue con frecuencia a Humberto es ¿por qué esta persona actuó así, a sabiendas de su inocencia? Una de las conclusiones a la que llegaron los abogados y su familia, fue que tal vez ante la gravedad de las lesiones y el robo y consumida por el miedo a que los denunciara, la persona inició la denuncia falsa por violación para disuadir el hecho de origen, evitando que el problema fuera a la inversa. La única diferencia es que el robo y las lesiones son un delito menor que se pueden llevar en libertad, en cambio, un delito sexual es grave; incluso el ministerio público actúa estando o no presente la víctima, solo con los dichos no hay marcha atrás para que se no investigue.

El caso de Humberto es por demás doloroso e interesante, pese a ser invisible para la sociedad. Hay abogados de prestigio profesional a quienes les he preguntado a partir de que supe esta trágica historia, sus opiniones jurídicas han nutrido mi escaso conocimiento en la materia y me han ayudado a tranquilizar ese sentimiento de desolación que producen las injusticias que padece no solo Humberto, en la que sabrán las estadísticas escondidas o inexistentes cuantos hombres más.

Entre mis acercamientos con expertos, coincidí con Barrios Ávila, él consideró que un juicio con esas características probatorias era insostenible para culpar, porque la prueba idónea en este tipo de delitos es la pericial médica ginecológica con ayuda de la psicológica, además no existía prueba periférica o circunstancial que hiciera sólida la acusación del Ministerio Público, lo cual, habría de generar la alta posibilidad de absolución ante una persona juzgadora objetiva. Hernández Saldívar, también sostuvo la inocencia. Agregó que, en la práctica la mayoría de los juzgadores conceden la condena por el sólo dicho de la víctima al citar mecánicamente que los delitos sexuales se comenten en ausencia de testigos (con Humberto, la victima expreso en su denuncia que había personas cerca del lugar); aun así, consideró por experiencia que la probabilidad de riesgo de condena era alta. Esa experiencia de la que habló Saldívar, la abogacía le llama sociología jurídica.

Después, el algoritmo o el azar me hizo encontrar con una entrevista de febrero de 2025, donde Luis Cárdenas, conversa sobre denuncias falsas cometidas contra hombres; en ese espacio Regino García (el mejor penalista del país, estima el entrevistador) precisa que, las denuncias falsas existen y van a seguir existiendo, por lo que una denuncia no se debe tomar como necesariamente verdadera ni necesariamente falsa. Se debe corroborar con las investigaciones científicas de manera profesional, objetiva e imparcial, para demostrar si se cometió o no el delito. Si eso ocurriera en el país, no habría tantas personas en prisión. Además, dijo que centrar el foco en que sólo los hombres mienten, hace perder la atención principal del desarrollo de las investigaciones. No menos importante es señalar que en el país las investigaciones son deficientes porque se guían por empirismo, por prejuicios, por estereotipos y por lo que dicen en las redes sociales; por estas razones las denuncias falsas van a ser motivo de preocupación y de potencial existencia permanente de inocentes en la cárcel. Debo agregar que, previamente, en un encuentro académico conversé con Frank Osorio, y a grandes rasgos me comentó que lamentablemente para los hombres ante una acusación de delito de naturaleza sexual, con el dicho de la víctima y por ser delitos que se persiguen de oficio, la condena es un hecho en la mayoría de los casos.

IV. Las penas de la familia

No bastaba con tener que tolerar las innumerables ilicitudes e impunidades de la cárcel, la madre de Humberto tiene que soportar en ocasiones los tocamientos incomodos de las mujeres custodias que dice son lesbianas, las cuales en ocasiones obligan a generar desnudos completos con el pretexto de no ingresar drogas o armas al penal. Ese trato no era exclusivo, se extendía a muchas mujeres y niñas que acuden a visitar a sus familiares; estos abusos, dice, se permiten en nombre de la seguridad. Para ella, los verdaderos criminales cotidianos son quienes resguardan la cárcel, manteniendo como placer el dolor y la desesperación ajena; para estas personas el penal es trabajo que alimenta su placer sin recibir pena alguna por sus conductas que rayan en delitos sexuales, paradójicamente.

Una vez que logra pasar ese filtro violento, le toca recorrer cuatro filtros más donde paga una cuota obligatoria de cinco pesos en cada uno de ellos; para cometer ese propósito está destinado un custodio con un bote de lata en cada puerta que puntualmente exige la moneda sin discriminar, desde personas de la tercera edad hasta personas con alguna discapacidad; alguien sin moral que puede considerarse desalmado. Su actuar es justo en su visión porque si alguien no tiene la moneda y solo lleva billetes, con gusto da el cambio exacto en monedas de cinco pesos para seguir avanzando a la puerta siguiente y el familiar no se encuentre en la penosa necesidad de decir no tengo monedas al siguiente custodio.

Al pasar todas las puertas como los círculos del infierno, Humberto espera a su madre con la impaciencia de quien espera agua después de caminar por el desierto. Platicando de camino a la que llaman la “galera”, van con el encargado de rentar mesas y sillas; la mesa tiene un costo de cincuenta pesos y cada silla veinte, piden una mesa para poner la comida preparada por su madre, también solicitan dos sillas. Las rentas duran todo el horario de visita que es de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, cada sábado y domingo. Para una familia como la de Humberto es insostenible un gasto de esta magnitud, esos cobros hormiga son una lápida. Ninguna familia honesta y trabajadora de escasos recursos puede soportar la colosal maquinaria penitenciara corrupta.

La mayoría de las personas en prisión son pobres, es una estadística indiscutible; el sistema no reinserta, revictimiza. No basta con la condena de ser pobre, sino que el pobre es marcado con el sello de ser delincuente, condena que siempre le acompañará. En estas humillaciones no piensan los ministerios públicos que ejercitan acciones penales que no son reales, al igual los juzgadores, no miden las consecuencias de sus actos cuando obsequian una orden de aprensión y en su momento una la vinculación a proceso; simplemente convalidan el holgazán o corrupto trabajo para meter a un inocente a prisión.

Tabasco es profundamente religioso, la mayoría de las personas cuando dicen “Dios te bendiga”, quieren decir “buenos días”; la madre de Humberto cree en Dios y por ello, considera que a pesar de lo terrible de las circunstancias de sus vidas, hay gente que los conoce y les regalan veinte, cincuenta o cien pesos a la quincena; junta ese dinero para comprar lo necesario y llevarle de comer, también lo utiliza para pagar sus pasajes, las cuotas obligatorias y dejarle lo que sobre para que sostenga sus otros gastos rutinarios y obligatorios que impone la dura cárcel. Ella hace un esfuerzo y vende entre otros productos, las artesanías que elaboran los reclusos, con eso se sostiene y apoya a Humberto. A pesar de que no acude a ninguna iglesia porque no cree en el hombre, dice que cada noche se arrodilla frente a su cama y le da las gracias a Dios porque a pesar de los pesares no los desampara. Lo más importante, asegura que no alberga rencor ni odio en su corazón.

Humberto no es que no quiera trabajar para sostener su vida en prisión, es que el modelo penitenciario no está diseñado para generar empleos como tal vez otras instituciones carcelarias; está habilitada para generar extorsión y terror a fin de recabar fortunas ilícitas. Hace unos meses se obtuvo el privilegio de ganarse la vida a costa de humillaciones económicas, de lunes a viernes trabaja en los talleres de carpintería; antes de presentarse con los carpinteros, limpia la celda a las cinco de la mañana, porque a las seis está en el taller. Siempre le acompaña el calor infernal en el jornal, aun así, se sostiene hasta las cinco de la tarde porque a las seis toca el pase de lista y el pago puntual a los custodios. Las exhaustas horas le generan un ingreso diario de treinta pesos y muy pocas veces de cincuenta pesos al día, los días se acumulan y recibe su paga hasta el fin de semana. Los fines de semana que no acude su mamá a visitarlo, se dedica a asar pollos en un negocio interno que les vende a las familias que acuden a la visita, este platillo para quien tiene la dicha de recibirlo lo consideran un manjar. Por esta actividad con el sol tropical a cuestas y el carbón ardiente, recibe al día cuarenta pesos como máximo, dependiendo las ventas.

Mucho se dice sobre las cárceles, incluso se comenta que quien ingresa a un centro penitenciario mantiene o adquiere una vida criminal, haciendo creer a la sociedad que la prisión es un paraíso de impunidad para sus habitantes. La realidad es que, a diferencia de un museo, nadie va a realizar excursiones a la cárcel para conocer las entrañas del infierno penitenciario que arrastra como tornado a los familiares.

A todo esto, la prisión preventiva oficiosa o automática y el procedimiento abreviado habitualmente se estudia por los abogados desde la óptica de quien más sufre, el privado de la libertad. Pero, ¿quién se ha detenido a pensar en los daños causados a los familiares? Los textos de los académicos evitan estudiar los complejos daños causados a los familiares, el componente psicológico más difícil de abordar es la conexión emocional entre el recluido y sus familiares cuando se sabe de la inocencia del familiar, porque el sufrimiento es casi indescriptible.

V. Los cristos del derecho penal mexicano

En julio de 1985, frente a los efectos de la dictadura, Borges presenció un juicio para liberar a un inocente, víctima por cuatro años de los militares que prefirieron la tortura y la ejecución clandestina; entre sus reflexiones jamás consideró una pena más grande que la indignación de la carne por el atroz dolor físico. Lo peor, para él, era convertir al infierno en rutina, cuando el encarcelado habla con normalidad de la represión, los azotes, la tortura, el calabozo, las esposas y la capucha. Castigos corporales como pan de cada día. Esas infamias propiciaron que descreyera en el libre albedrio, y recordó una estrofa del poema “El misionero”, de Pedro Palacios: “Somos los anunciados, los previstos, Si hay un Dios, si hay un punto Omnisapiente;¡Y antes de ser, ya son, en esa Mente, Los Judas, los Pilatos y los Cristos!”. En su pensar, lo más terrible de una cárcel es que quienes entraron en ella, no pueden salir nunca.

La consideración final de Borges, es la esencia de la prisión preventiva oficiosa: un infierno sin sentencia. Hace ya algunos años que inició la controversia para considerar a la prisión preventiva oficiosa contraria a la Constitución y a los tratados internaciones, al violentar derecho humanos, incluso el entonces ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien ahora sostiene lo contrario, publicó en sus redes sociales fragmentos de su participación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde afirmó en octubre de 2021, que la figura era “inconvencional, por ser contraria al principio de presunción de inocencia”, discurso que sostuvo durante todo el año 2022, en conferencias de prensa en calidad de ministro presidente y en su columna periodística, en Milenio.

A lo largo del país se difunde que todo aquel que está en prisión automática es merecedor de tal castigo, y la sociedad sonríe. Lamentablemente, el rostro puede cambiar cuando sea a la inversa y el protagonista pasa de ser el risueño de ayer al encarcelado de hoy. Estas líneas no pretenden abultar el ya desgastado análisis de que la prisión preventiva oficiosa es anticonstitucional o anticonvencional, sobre eso ya se han escrito secciones de bibliotecas, lo que se expone aquí es el dolor del no visto, de los invisibles: los inocentes y sus familias. Esa sociología que no se ve, pero se siente como dolor propio.

¿Qué es la prisión automática? primero se condena y después con lento avance se realizan las investigaciones para concluir si se es inocente o culpable; mientras, el encierro. Aunque generalmente se declara la culpabilidad. Eso no significa que se haga justicia. En sí, la prisión preventiva oficiosa es lacerante e impide desde un principio, llevar el proceso en libertad.

En innumerable cantidad de casos, la prisión preventiva oficiosa es provocada por denuncias falsas; en estos procesos, el ministerio público y los juzgadores conforman la pareja perfecta para arrebatar a una persona no sólo su libertad, sino su proyecto de vida y en consecuencia la de su familia. Una persona que es víctima de esta forma de prisión automática, se equipara a una persona con enfermedad terminal en algún hospital, donde reina la desolación y los terribles gastos económicos que no solo se apoderan del recluido, sino que abraza a la familia en caso de contar con una.

Las denuncias que inician con hechos falsos por delitos de naturaleza sexual no tienen consecuencia jurídica, porque se revisten de verdad por el ministerio público y los juzgadores. En el caso de Humberto como en muchos más, las fiscalías y los juzgados utilizan a la perspectiva de género como herramienta perversa para encerrar a inocentes, al ser empleada de manera incorrecta o sesgada. Con estas notas, la persona que falsea en su declaración no tiene ninguna repercusión, en cambio, al inocente se le aplica desde el principio, la condena de lo que le acusan.

Contrario a lo anterior, el protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte y las interpretaciones de los juzgadores federales en el Semanario Judicial de la Federación, han establecido que la perspectiva se aplica en cada caso concreto, sin caer en la generalidad; incluso, obliga a las autoridades a realizar un estudio analítico para observar si la persona conforme a las circunstancias se encuentra o pertenece a un grupo vulnerable y, en consecuencia, revisar si esas circunstancias se encuentran probadas para ser valoradas frente a otras pruebas para demostrar si es aplicable o no. Se entiende que no por el hecho de considerarse que alguien pertenece a un grupo vulnerable, realmente lo sea; se necesita y obliga a realizar estudios caso por caso, para no caer caer en generalidades que perjudiquen a la sociedad. Esas razones, nunca existieron en el caso de Humberto, el sólo dicho de la supuesta víctima, la fiscalía y los juzgadores bastó cambiarle la vida.

Vaya, con qué facilidad se pervierte el sistema. El grado es mayúsculo, una denuncia se considera prueba plena y a su vez, sustituye el obligado estudio analítico y metodológico de perspectiva de género. Sólo para contrastar el punto de vista anterior, en la misma entrevista con Luis Cárdenas, Renata Villareal, voz de “Marea Verde”, hace el énfasis que, en las denuncias falsas de mujeres contra hombres, las mujeres también pueden ser agresoras. Añade que, no debe prevalecer la idea de que las mujeres son puras y santas. Además, agrega la importancia de la salud mental, de la cual las mujeres no están exentas para cometer violencias. También explica que, en un sistema de injusticia más que de justicia, estos casos pueden potencializarse por el consejo de abogados que sugieren acusar a una persona por un delito que amerite en automático pena privativa de libertad.

Uno de los retos y discusiones del presente se debe centrar en la jerarquía de los derechos humanos para no caer en extremos ideológicos, donde se privilegie la naturaleza humana y no el género; poner el acento en el discurso del género invisibiliza los graves problemas de la salud mental de los que habló Renata Villareal. La niñez puede ser traumada o lastimada, esas heridas construyen personas, esas personas pueden o no cometer actos perversos sin titubear, como el ejercer una denuncia falsas contra un inocente. Entonces, reducir el debate al añejo tema sobre si la humanidad es mala o buena por naturaleza no conduce a ningún sitio, lo que es importante es no privilegiar el género ante la razón y la obligación de realizar un trabajo completo y detallado por las fiscalías y los juzgadores, donde sólo apliquen por dichos la perspectiva de género para ahorrase el trabajo extenso pero necesario que naturalmente impone al emplear en la práctica esta herramienta tan importante como necesaria.

En otros escenarios, los juzgadores que apoyan esos actos falsos de la víctima y el ministerio público es por miedo a perder su trabajo ante algún posible disturbio social o manifestación social en las calles o frente a su oficina, incluso evitar alguna acusación mediática o en las redes sociales que los ponga en el ojo del huracán. Hace tiempo algo similar decía en clases un profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, magistrado de circuito en el Distrito Federal, decía que cuando llegaba un amparo indirecto caliente (mediático) siempre se admitía, aunque fuera improcedente; ya que bajará la euforia de las personas y los medios, se desechaba (sobreseyera). La única diferencia es que en los casos que contó el profesor, nadie terminó en prisión. Ese juego siniestro que se centra en apostar la libertad de las personas al tiempo, beneficia a estos juzgadores para no padecer la sentencia de Manuel Orozco y Berra, que decía: cuando tengo pan, no tengo tiempo y cuando tengo tiempo, no tengo pan.

Por estas razones, se puede advertir que la injusticia penal es tripartita, se compone de una falsa víctima, un ministerio público pasmado o corrupto y un juzgador tímido o timorato; al inocente le corresponde esperar a la justicia divina a que obre en los términos que designe; similar a las conclusiones a la que llegó Joan Wallach Scott en su libro Sobre el juicio de la historia, donde esta nunca llega y si llega, actúa a capricho y sin atender a lo que se considera justo; incluso, la narrativa hace ver como antihéroe a Mandela, líder sudafricano que la historia lo ha mostrado como el gran justiciero.

Después de todos los intentos, el único camino que le toca recorrer a muchos inocentes es la mismo que le tocó tomar a Humberto, declararse culpable para poder acceder al procedimiento abreviado; aceptando la culpa, tenía la garantía de pasar menos años en prisión. Sin dinero, sin poder acudir a juicio con las posibilidades de una moneda al aire para obtener su libertar o pasar en total 13 años en la cárcel; sumando las experiencias que escuchó de algunos compañeros recluidos por el mismo delito que tuvieron la oportunidad de irse a juicio y terminaron condenados con lo dicho en la denuncia. Para él la señal era clara, la mejor elección fue optar por la culpa sin tenerla. La historia de Humberto es una latente realidad para todos, en especial, para el género masculino.

Cepeda Morado en su calidad de investigador y no de juzgador, sostiene que el procedimiento abreviado también se le llega a llamar “audiencia de sentencia”, el cual por su naturaleza genera una desigualdad entre las partes y tiene como función reducir los juicios orales con el propósito de evitar que sature el sistema judicial. Se entiende en esas palabras que está diseñado para evitar que tengan menos trabajo los jueces a costa de saturar el sistema penitenciario. Interesante lógica. Esta historia de infamia propiciada por el sistema no concluye con lo hasta aquí descrito, incluso se puede agregar el componente de lo que se ha denominado muerte social, que para fortuna de Humberto esto no sucede.

La muerte social como concepto nació en la sociología aproximadamente en 1985 para referirse a las enfermedades corporales que la sociedad ha detestado. En la antigüedad era la lepra, con el tiempo esa suerte acompañó al VIH/sida. En décadas recientes dejó de ser exclusiva de los males físicos y se ajustó por sus características y utilidad para describir la intolerancia social a las penas que aprisionan a la mente, al espíritu y al cuerpo. Se empleó para describir a las personas que son abandonas por sus familiares en los asilos o en prisión.

En esta época, después de los periodistas, el magisterio apareció en el catálogo de los trabajos de alto riesgo. Los profesores de cualquier nivel educativo pueden ser sujetos a procesos penales falsos, principalmente de contenido sexual, sólo porque a algún estudiante no le pareció su calificación o simplemente fue intolerante a las correcciones que pueden ayudarle en su futuro profesional. Es importante explicar que a quien se le denuncie de algún delito sexual se le impone prisión preventiva oficiosa y con ello, empieza su calvario, porque muchas veces esas personas inocentes pueden ser atacados sexualmente. La principal herramienta en que se apoyan las fiscalías y los juzgados para mantener en automático a una persona en la cárcel es mediante la prisión preventiva oficiosa, para lograrlo, generalmente se apoyan al torcer la perspectiva de género para declarar condenas instantáneas. A partir de ahí, una persona puede despedirse de todo lo que tiene. Con la única esperanza de que al aceptar la culpa antes de juicio, sin posibilidad de demostrar su inocencia, la condena sea por menos años.

“La mentalidad de un inocente en el encierro es muy diferente a la de un culpable”, es uno de los sentimientos reflexivos que más me han marcado al conversar con alguien que es víctima del sistema que produce reclusos como símbolo de orgullo, como si cada vida privada de libertad construyera la imagen de lo perfecto. Los inocentes en prisión y sus familias, terminan pagando condenas injustas. Hay presos inocentes y presos culpables.