Adolfo Ulises León | Columna

(@au1018)

 

Siempre he sentido un enorme interés por la figura de los jurados. Me refiero a esa institución del sistema jurídico anglosajón que la televisión se ha encargado de popularizar. Aunque la mayoría de las veces se les ve como mera escenografía, sentados en doble hilera, detrás de una barandilla e inexpresivos antes las habilidades retóricas de los abogados, como sucede en La ley y el orden, también hay ocasiones donde los jurados tienen un papel protagónico. En la película 12 Angry Man (1957), la trama es, justamente, la tensión que existe entre el principio de la duda razonable y los prejuicios y las creencias de cada uno de los jurados durante el proceso deliberativo. O se me ocurre aquel capítulo de Malcolm in the Middle, donde Loise recibe una notificación para participar en el caso de un adolescente que robó una motocicleta. En una de las primeras escenas se muestra que la votación del jurado está dividida. Los que están en contra de que el chico sea declarado culpable dicen que no tienen problema en cambiar el sentido de su voto con tal de que salgan de ahí lo más pronto posible. Entonces Loise se enciende. ¿Cómo es posible que se les ocurra proponer algo así? Les reprocha que hicieron un juramento, que está en juego la libertad de un hombre, que su obligación es estudiar las leyes, valorar la evidencia, sacudirse las emociones y emitir una decisión razonada. A partir de ese momento, Lois se empecina en no dejarlos salir hasta que estudien las pruebas a conciencia. En abril de 2023, en Amazon Prime se estrenó  Jury Duty. Se trata de un falso documental sobre un juicio civil en San Diego, California, donde el juez,  los fiscales, las partes y todos los miembros del jurado son actores profesionales, excepto uno: Ronald Gladden. Este hombre es un ciudadano común y corriente y la comedia descansa en cómo reacciona frente a las irreverencias del resto. Como Lois, vemos a Ronald espolear a sus compañeros de jurado para que no se queden dormidos, para que se dediquen menos a flirteos y chismorreos y se comprometan más con el caso. Durante los 17 días que permanecen aislados del mundo, el humor que Ronald evoca es el humor del cándido, que por más que se esfuerza en que el juicio se lleve en estricto apego a las instrucciones del juez, cada que resuelve un problema brotan dos más.

Ignoro si en la vida real los jurados asuman un compromiso tal con el descubrimiento de la verdad,  o si, por el contrario, como sostiene el filósofo Larry Laudan, son más las veces que condenan inocentes y absuelven culpables. De lo que estoy seguro, es que la figura del jurado contribuye a enriquecer la cultura jurídica del lugar donde se desarrolla. Las personas que participan como jurados se involucran con sus normas, con la manera de interpretarlas y de estudiar los hechos, se involucran, pues, con la labor jurisdiccional. Saben cómo funciona un juicio, qué etapas tiene, qué formalidades deben seguirse. Quizá después, cuando escuchen de un caso controvertido en la prensa, le darán seguimiento y, con mayores elementos que la simple emoción, podrán decir si un tribunal se equivoca o acierta. 

Cuando era estudiante de Derecho, los profesores contaban que los juicios por jurado en México, que databan desde el siglo XIX, fueron suprimidos en 1929 debido al caso de María Teresa Landa, conocida como “Señorita México”, quien asesinó a su esposo luego de enterarse de sus infidelidades. Su llanto fue tan conmovedor que el jurado aceptó que ella simplemente actuó en defensa de su honor. El veredicto se consideró escandaloso porque su único sustento fue la sensiblería. Quizá un buen tema de investigación posterior sería conocer cuál fue el desempeño de los jurados populares en nuestro país, o mejor todavía, buscar si hubo crónicas que recogieran los testimonios de los participantes y describieran cómo se elegían los perfiles y cómo se llevaban a cabo su instrucción. En todo caso, es imposible saber qué hubiera pasado si esa institución hubiera echado raíces en nuestro sistema jurídico y democrático. Lo cierto es que, al día de hoy, el único acercamiento que tienen los ciudadanos con sus leyes es, en el mejor de los casos, a través de campañas de difusión institucional o notas periodísticas llenas de imprecisiones y, en el peor, por abogados que distorsionan el sentido de la norma según la capacidad económica de sus clientes.

En fin, esto me lleva a la polémica que ha despertado la propuesta de reforma constitucional que presentó el presidente López Obrador respecto a la elección democrática de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, así como los magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y jueces de distrito. Por todas partes, el anuncio ha encendido focos rojos. La principal objeción es que los jueces no tienen vocación democrática ya que la protección de derechos no puede dejarse al capricho de las mayorías, aunado a que un proceso electoral tal tendría, necesariamente, que replicar las prácticas partidistas. Desde la presidencia, la medida se justifica luego de varios reveses que los jueces han plantado a diversas reformas importantes, como de la industria eléctrica y de hidrocarburos. En su discurso, la elección dotará de legitimidad democrática a sus sentencias. Sin duda, se trata de un tema ampliamente discutido en la teoría constitucional. Sin embargo, más allá de lo puramente teórico o de un simple amague político, mi primer pregunta es si ¿podría tener algún tipo de efecto positivo en el desarrollo de la cultura de la legalidad una eventual elección democrática del Poder Judicial Federal?

Para empezar, la propuesta del presidente parece estar inspirada en el modelo estadounidense. De acuerdo con David E. Pozen, profesor en la Universidad de Columbia, de los cincuenta estados que hay en la unión americana, 33 eligen a sus jueces por voto popular, 20 bajo el sistema partidista y 13 por procesos no partidistas. En la mayoría la elección comprende a los jueces de primera instancia y sólo en algunos incluye a los jueces de apelación y a las cortes supremas estatales. Estaba en esta reflexión cuando, por alguna razón, vino a mi mente la institución de los jurados. Los estados donde la elección de los jueces se ha probado y ha echado raíces, son también estados donde coexiste la figura del jurado. De hecho, en casi la totalidad de Estados Unidos está la figura del jurado, pero no así la elección de la judicatura. Por lo que mi segunda pregunta es: ¿existe algún tipo de relación entre la elección popular de los jueces y el sistema de jurado?

Si bien se trata de una pregunta que exige una investigación de otro calado, considero que, si bien ambas figuras pueden coexistir de manera separada, pues no hay entre ellas una relación de necesidad, sí mantienen una relación de complementariedad. Por donde se vea, un elector que conoce quiénes son sus jueces y cómo trabajan, supera por mucho al elector que elegirá a sus jueces guiado por guiños partidistas.

Tal como está redactado el proyecto de reforma presidencial, parece que sus críticos llevan toda la razón cuando señalan que la elección no hará más que reproducir prácticas partidistas. Es decir, los candidatos a jueces de distrito, magistrados y ministros —propuestos una tercera parte por el poder ejecutivo, otra por el legislativo y una más por el judicial— tendrán tiempo para spots en radio y televisión, podrán realizar una breve campaña y participarán en foros de debate. ¿Qué dirán en esos spots? Un spot dura entre 30 segundos y un minuto y medio. ¿Qué cultura jurídica puede desarrollarse en ese intervalo? ¿Cómo serán esas campañas? ¿Subirán a un templete a perorar sobre derechos humanos, sobre el test de proporcionalidad, acaso? Sin duda, se valdrán de las mismas artimañas publicitarias que hacen los partidos para llamar la atención de los votantes. 

La propuesta tiene más elementos en contra de las posibles ventajas que podría acarrear. Aclaro que no me opongo a la propuesta porque comparta, como muchos lo creen aunque no lo digan, que los electores sean imbéciles. Puede que, con el tiempo, la elección lleve, efectivamente, a cimentar el desarrollo de una cultura jurídica. Sin embargo, considero que si lo que realmente se quiere es democratizar al poder judicial, qué mejor manera de hacerlo que reincorporar en nuestro sistema la institución del jurado, un verdadero elemento de control de la arbitrariedad y corrupción judicial e inmejorable instrumento de participación e instrucción.